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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este miércoles el acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, Este observatorio es una iniciativa público-privada financiada con fondos europeos NextGeneration, nacido con el propósito de promover y defender los derechos de la ciudadanía en el entorno digital, así como la implementación de la Carta de Derechos Digitales de España. Impulsado por Red.es y bajo la coordinación de la Fundación Hermes, Está integrado por una veintena de entidades públicas y privadas del ámbito académico, empresarial y social, y además ha firmado convenios y acuerdos de colaboración con otras 177 entidades que contarán con 280 expertos para aportar conocimiento y análisis en las distintas actividades y derechos impactados por el desarrollo tecnológico.
En el acto de presentación también ha intervenido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y han asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha anunciado nuevas medidas frente a la "carrera tecnológica despiadada" y el "plan diseñado" por la "tecnocasta", potencias autoritarias y fuerzas antisistema, y para evitar que "el espacio digital se convierta en el salvaje oeste". Entre las iniciativas destaca avanzar en el fin del anonimato en las redes sociales, profundizar en la transparencia algorítmica para "hacer de la moderación y el autocontrol un requisito legal" y garantizar la responsabilidad personal de los directivos de las plataformas ante el impacto de sus contenidos.
De esta forma, Pedro Sánchez ha defendido las tres medidas con implicaciones europeas que propuso en el Foro Mundial de Davos para proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas, como terminar con el anonimato que "envenena las redes sociales y no puede ser una excusa para la impunidad". "De la misma forma que no es posible conducir un coche sin matrícula o subirse a un avión sin identificarse, no podemos consentir que quienes acosan a otros ciudadanos, propagan mentiras o esparcen el odio, lo hagan además impunemente", ha sentenciado.
El jefe del Ejecutivo ha instado, también, a avanzar en la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía y profundizar en la transparencia algorítmica: "hay que obligar las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión y hacer de moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito legal". Así, ha anunciado que "vamos a reforzar, desde el punto de vista material y personal, las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea", localizado en Sevilla.
Además, el Gobierno aprobará en las próximas semanas la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales y la dotaremos de los recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales.
El segundo frente de actuación "prioritario" es el impulso de la soberanía digital y tecnológica en el que ya avanzan Europa y España, porque "Europa no puede depender de otros para definir su futuro digital". "No podemos permitir que nuestros datos, infraestructuras y comunicaciones queden en manos de potencias extranjeras o de empresas sin control democrático. Necesitamos invertir en innovación, desarrollar nuestras propias tecnologías e infraestructuras y reforzar un marco regulador que proteja a nuestros ciudadanos", ha defendido.
En este sentido, ha abogado por que Europa "lidere su transformación digital con reglas claras, con valores firmes y con la ambición de ser una referencia mundial en tecnología ética y responsable", lo que pasa por "desarrollar navegadores propios, redes sociales públicas y privadas europeas, y servicios de mensajería que usen protocolos abiertos".
El jefe del Ejecutivo ha avanzado que España defenderá en la Comisión Europea la elaboración de un plan de inversiones para el fomento de infraestructuras público-privadas, en línea con la infraestructura nacional digital desarrollada por España, que este mes ha lanzado el primer modelo de ALIA, la nueva familia de Inteligencia Artificial en castellano y lenguas cooficiales. Además, el Gobierno moviliza 150 millones de euros para acelerar la adopción de la IA en las empresas españolas.
Así mismo, España ha sido uno de los primeros países del mundo en contar con una Carta de Derechos Digitales durante la pandemia. "El Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía: que estos derechos sean reales, tangibles y efectivos en la vida de todas las personas desde la colaboración público-privada, con la participación del mundo académico, empresarial y de la sociedad civil. Estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas: o seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, diseñar y construir la tecnología. Optemos por esta última vía: ser dueños de nuestro propio destino", ha concluido Pedro Sánchez.
