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De ellos, 2.197,36 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, lo que supone, un incremento de 159,63 millones respecto a 2022, un 7,83 % más. De estos 2.304,58 millones de euros se incluyen 105, 86 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de la Unión Europea.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha puesto de relieve que estos presupuestos constituyen el "impulso definitivo para transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente, igualitario y sostenible".
Llop también se ha referido al proceso de transformación que vive la Administración de Justicia y ha destacado que el objetivo último de estos PGE es "acercar la Justicia a la ciudadanÃa, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento".
Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El importe asignado al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios JurÃdicos (CEJ) para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asciende a 107,21 millones de euros (105,86 y 1,35 millones de euros respectivamente).
Las inversiones que se van a realizar son, por un lado, de 57,50 millones de euros, destinadas a proyectos tractores de digitalización como la inmediación y el nuevo Registro Civil y completa los 410 millones asignados para la digitalización de la Justicia.
